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La diplomacia estadounidense hacia Cuba bajo la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958)

Jorge Renato Ibarra Guitart, 30 de julio de 2019

El  apoyo de los Estados Unidos al régimen autoritario que se instaló en Cuba como resultado del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 atravesó por distintas etapas que no siempre se han tenido en cuenta por la historiografía cubana. Durante la dictadura de Fulgencio Batista, que comprendió los años de 1952 a 1958, los Estados Unidos mantuvieron un respaldo básico al orden castrense a pesar de todos sus crímenes y violaciones a la constitución cubana. Sin embargo, la estrategia aplicada por Washington hacia Cuba atravesó por diferentes momentos atendiendo a las características de cada coyuntura histórica. Con vistas a caracterizar la postura particular de la diplomacia estadounidense hacia la dictadura batistiana hemos decidido dividir su actuación por etapas. 

Primera etapa (marzo de 1952 a julio de 1957)

Hemos querido denominar esta etapa como la del “compromiso ilimitado”  que comprende las gestiones de los embajadores Willard Beaulac  y Arthur Gardner. A partir del golpe de Estado, atendiendo a los antecedentes políticos de su gestor, el dictador Fulgencio Batista, los Estados Unidos desarrollaron una política de acercamiento al régimen castrense con vista a estrechar relaciones.

Los historiadores y analistas políticos, apoyándose en la documentación disponible, no han podido avalar más allá de toda duda que el golpe de Estado del 10 de marzo fuese parte de una conspiración entre Batista y los Estados Unidos. El embajador Beaulac supo del golpe de Estado a las 6 de la mañana del 10 de marzo; una hora después el coronel Fred H.  Hook, jefe de la misión aérea en Cuba, conferenció con Batista. La prontitud con que la embajada estadounidense contactó con el dictador es algo verdaderamente revelador en el sentido de que si no estuvieron involucrados directamente en el golpe, al menos reaccionaron con mucha presteza para asegurar que el régimen castrense no fuera a afectar sus intereses en la Isla.

Batista le aseguró al gobierno norteamericano que “todos los acuerdos se mantenían en efecto”. El nuevo ministro de Estado designado por los golpistas, Miguel Ángel de la Campa, solicitó de Beaulac el reconocimiento oficial del régimen de facto por los Estados Unidos. Bastó que De la Campa cumpliese con dos requisitos básicos exigidos por el embajador del imperio: que los comunistas no fueran beneficiados con aquellas libertades que le concediera Batista en sus mandatos anteriores y que, al propio tiempo,  Cuba le ofreciera amplios márgenes de ganancia a la inversión privada emprendida por las empresas estadounidenses.  Después de logradas estas seguridades, los Estados Unidos le extendieron el reconocimiento diplomático al régimen golpista el 27 de marzo de 1952. Antes de ello Washington presionó intensamente a varios gobiernos latinoamericanos y europeos para que mostraran su satisfacción con el régimen del dictador Batista. Diversos líderes de los partidos políticos contrarios al cuartelazo se dirigieron a Norteamérica para que no lo reconociera pues se trataba de un régimen ilegítimo que había violado la constitución vigente de 1940 pero sus súplicas no fueron atendidas.

Durante todo su mandato Batista accedió a las demandas norteamericanas, le facilitó un amplio mercado a sus productos, propuso la revisión de la legislación existente y redujo los salarios para crearle mejores condiciones a la inversión extranjera, atendiendo a las demandas del Banco Mundial y adoptó otras medidas de beneficio al capital foráneo, sobre todo aquellas dirigidas a autorizar generosos términos y múltiples exacciones en el pago de impuestos. En pago a estas facilidades a las compañías estadounidenses, Batista recibió de Washington todo su apoyo político y militar. De marzo de 1952 al propio marzo de 1958, el Pentágono suministró a Cuba equipos militares sofisticados y armas por valor de 16 millones dólares y al mismo tiempo financió el entrenamiento de cerca de 500 oficiales de la dictadura. Solamente en 1956 el programa norteamericano de asistencia militar a Cuba costó 6 millones de dólares y pasó a ser el segundo en importancia en América Latina, a sabiendas de que Batista fortalecería su ejército para contener la resistencia popular a su régimen.

Los Estados Unidos apostaron al poder real, concreto y visible de un ejército que aplastó las libertades democráticas y que ofreció amplia cobertura a sus capitales. La sociedad civil que año tras año se manifestaba con mayor fuerza contra el régimen de facto y proponía una salida pacífica a la crisis mediante la convocatoria a unas elecciones fue completamente desconocida por Washington. Tras el fracaso de las alternativas reformistas de las instituciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica y del conjunto de las instituciones cívicas que representaban a la sociedad civil, la hegemonía política fue pasando a manos de las organizaciones revolucionarios emergentes. Las fórmulas pacifistas y electoralistas, entre las que descollaron la de la Sociedad de Amigos de la República y la del conjunto de las instituciones cívicas, quedaron sumadas en el descrédito ante la intransigencia reaccionaria del régimen del 10 de marzo.

Segunda etapa: La política de neutralidad aparente (julio de 1957 a marzo de 1958)

El deterioro de la situación política, la permanencia de un foco guerrillero en las montañas orientales y los continuos crímenes de la dictadura condujeron al Departamento de Estado norteamericano a tomar cierta distancia de su aliado natural: el régimen del 10 de marzo. Se impuso un cambio de embajadores, en esta oportunidad fue designado Earl Smith para ese cargo.

En aquel momento Smith instrumentó una política dirigida a demostrar que los Estados Unidos eran neutrales ante el conflicto interno aunque continuasen colaborando con el régimen de Batista. El nuevo embajador condujo una política paradójica que se centraba en el propósito de acceder a las peticiones de compras de armas de la dictadura a cambio que esta restableciera las garantías constitucionales y ofreciera un arreglo electoral con los partidos de la oposición.

 Esta nueva política hacia Cuba atravesó por un momento crítico que comprometió las buenas relaciones entre Washington y La Habana. A raíz de la visita del embajador Smith a Santiago de Cuba y de sus declaraciones contrarias a la represión brutal de que fueron objeto las mujeres que allí protestaron contra los crímenes de la dictadura, se creó cierta tensión en las relaciones bilaterales. Finalmente las diferencias fueron zanjadas cuando Smith se entrevistó directamente con Batista y le precisó que sus declaraciones en aquel momento habían tenido su origen en las instrucciones que había recibido de sus superiores en el sentido de conseguir que “los cubanos pensaran en la embajada de Estados Unidos sobre una base imparcial”. Todo quedó como una mentira compartida entre el embajador del imperio y el dictador.

Después de superar las disparidades existentes, el Departamento de Estado incrementó la presión sobre Batista para que restableciera las garantías constitucionales como paso previo a  un acuerdo entre el gobierno y los partidos de oposición que sirviera para neutralizar a las organizaciones revolucionarias. Estas presiones de la diplomacia estadounidense sobre el régimen castrense lograron que Batista restableciera formalmente las garantías constitucionales a partir del 25 de enero de 1958, con excepción de la provincia de Oriente.

Durante febrero de ese año el conjunto de las Instituciones Cívicas proclamaron que un evento electoral, tal y como lo tenía previsto Batista, no tendría sentido hasta que no llevase a efecto el restablecimiento de la paz ciudadana. Por otro lado, la alta jerarquía de la Iglesia católica hizo un llamado para conformar un gobierno de unidad nacional. En ese momento los partidos tradicionales de oposición se encontraban desacreditados por sus fracasos anteriores y al propio tiempo estaban divididos entre sí. Si se pretendía renovar el clima político cubano había que considerar a las organizaciones revolucionarias y dar paso a una apertura política que sirviera para comenzar conversaciones entre los más diversos sectores. Sin embargo Gonzalo Güell, ministro de Gobernación, sostuvo una conversación  con Smith  donde señaló que a  Batista le sería prejudicial dar a la publicidad y cumplir con medidas que garantizaran un clima de amplia apertura política. Sobre las bases que establecía la dictadura no era posible construir un camino que condujera al entendimiento nacional. Así estaban las cosas cuando los personeros del régimen batistiano conocieron que los grupos revolucionarios estaban organizando una huelga general y procedieron a suspender las garantías constitucionales, establecer la censura de prensa y posponer la fecha de las elecciones generales de junio para noviembre de 1958.  Se inició así una de las etapas más sangrientas de la historia de Cuba, Batista prendió resolver los problemas nacionales mediante la represión más brutal.

Tercera etapa: El embargo de armas y el avance revolucionario (marzo a diciembre de 1958)

El 14 de marzo de 1958 el Departamento de Estado decidió suspender el envío de armas al régimen de Batista ya que este había fracasado en crear las condiciones para unas elecciones justas mientras la situación política se encontraba en franco deterioro. Aunque los diplomáticos estadounidenses pretendían  establecer “un clima propicio para una solución constructiva”, en la documentación que hemos repasado no está bien precisa la cuestión  sobre los medios políticos para lograr esos fines. De por medio no estaba claro si lograrían ese objetivo a través de las propuestas de la Iglesia y las Instituciones Cívicas, de las elecciones convocadas por Batista, mediante un gobierno provisional dirigido por una Junta Cívico-Militar o si en definitiva el embargo de armas era una herramienta para conducir a Batista a un arreglo pacífico cuyas bases nunca llegaron a perfilarse.

A partir de ese momento se profundizaron las contradicciones entre el embajador Smith y el Departamento de Estado. Smith aprovechó la confusión creada en este para convencerle que las elecciones convocadas por la dictadura era la mejor fórmula para solucionar los problemas cubanos. Fue así que el embajador se opuso al embargo en la venta de armas y apoyó fuertemente los criterios del régimen de que los Estados Unidos serían responsables de su caída abrupta.De alguna manera Smith alcanzó su propósito de crear en el Departamento de Estado una falsa expectativa en que Batista mismo le daría solución a la crisis política nacional.

Aunque en esta etapa la élite de la diplomacia estadounidense nunca apoyó públicamente a la dictadura, lo cierto fue que favoreció la sucia componenda electoral que esta tramaba una vez que venciera por las armas a los grupos rebeldes. El departamento de Estado, como resultado del  intercambio de criterios con su embajada en La Habana, no hizo llegar  información objetiva al poder ejecutivo sobre la realidad política de Cuba. La confusión de criterios alentada por Smith no permitió que el presidente Eisenhower tuviera un cabal conocimiento de lo que sucedía en la isla.

Desde fines de noviembre y durante todo diciembre se presentaron distintas salidas de emergencia a la crisis sin asidero alguno en el contexto nacional. El proceso de maduración de la situación revolucionaria llegó al punto máximo y no hubo lugar para componendas improvisadas. El conflicto interno había alcanzado la máxima polarización y la revolución había capitalizado todo el repudio al régimen ilegítimo del 10 de marzo. Haber pretendido gobernar la nación dejando afuera al Movimiento Revolucionario 26 de Julio conducido por el Comandante Fidel Castro hubiese sido darle la espalda a la realidad. Los rebeldes habían liderado una lucha frontal y abnegada contra la dictadura frente a la cual habían sucumbido los distintos proyectos políticos propuestos por el embajador Smith y los cerebros fríos del Departamento de Estado.

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